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La Constitución Económica en República Dominicana

Por: Luis E Gutiérrez

Muchas personas creen, incluyendo lamentablemente a juristas, que el derecho y la economía son ciencias que están en las antípodas, no pudiendo ser posible mezclar  ambas. Nada más alejado de la realidad, puesto que ambas ciencias se complementan. Dicho esto, y dando por sentada la legitimidad que tiene el derecho de inmiscuirse en la economía, vamos a explicar de forma muy sucinta el concepto de constitución económica, para lo cual vamos a dividir este ensayo de la manera siguiente: a) concepto de constitución económica; b) la constitución económica en República Dominicana y c) conclusiones.
a) Concepto de Constitución Económica.

El término Constitución Económica fue acuñado por SCHMITT en su obra “La defensa de la Constitución”, aunque su origen se remonta  a la Constitución de la República de Weimar. Podríamos definirla como el conjunto de principios y derechos económicos que establece una Constitución, y que tiene como finalidad dejar meridianamente claro cuál es el sistema económico que impera en un Estado dado,  estos sistemas pueden o podrían ser, a saber, el libre mercado, el socialismo o un sistema de libre mercado con más controles en el cual la economía esté supeditada al bien común. Podemos observar a modo de ejemplo dos  países en los cuales sus respectivas constituciones han incorporado la llamada constitución económica, España y Cuba. En el primero, la Constitución del 1978 establece en su artículo 131 un modelo económico, que dista mucho del liberal y del socialista, más bien siendo un punto medio entre ambos, algo así como un modelo de economía socialdemócrata. Mientras que en el segundo, su carta sustantiva alude claramente al sistema marxista-socialista como único modelo económico posible.
b) La Constitución Económica en República Dominicana.

En nuestro país, la llamada Constitución Económica está consignada en la sección II del capítulo I de nuestra carta sustantiva, bajo el título “De los Derechos Económicos y Sociales”, y comprende los siguientes derechos: libertad de empresa , derecho de propiedad, derecho a la propiedad intelectual y derecho del consumidor, establecidos en los artículos 50, 51, 53 y 53 respectivamente. Esta enumeración no tiene en absoluto un carácter limitativo, por lo que podrían considerarse otros principios y derechos económicos.

Existe otro artículo de la Constitución al que no hemos aludido pero que representa para la constitución económica una importancia capital, es el artículo 7 de la misma, que establece el estado social, y que reza de la siguiente manera:

“La República Dominicana es un Estado Social[1] y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.”

El precitado artículo 7 es en nuestra opinión el más importante para comprender el sistema económico que rige en nuestro país, por cuanto el hecho de que se declare al Estado Dominicano como social, tiene la siguiente consecuencia, a saber, que pese al carácter de economía de mercado que tiene nuestro país, que está implícito en el artículo 50 de la Constitución, dicha economía de mercado o capitalista no tiene un carácter laissez faire, si no que más bien la economía capitalista está subordinada al bien común, por lo tanto, el carácter social del Estado dominicano permite una libre competencia y un libre mercado en la cual sea la empresa privada la llamada, en primer término, a crear la riqueza, pero garantizando, por parte de ese mismo Estado, un sistema público de salud, de educación, de pensiones, de seguridad social, etc,.

 

c) Conclusiones

La caída del Muro de Berlín en 1989  representa la victoria de las ideas de libre mercado, la sociedad abierta y de la democracia representativa frente a las dictaduras comunistas que gobernaron, o más bien tiranizaron a una buena parte de la población mundial durante el siglo XX. Es decir, que triunfa la idea de que los medios de producción estén en manos de la empresa privada y no del estado, como habían abogado Marx, Engels y Lenin.

No obstante lo anterior, existe cierto consenso en admitir que el sistema de libre mercado tiene fallos, que no existe en la economía una mano invisible, como lo señalaba Adam Smith, que todo lo arregla, si no que al contrario, debe existir, por parte del Estado, una fuerte regulación que evite que el sistema falle. No es, en absoluto, que se pretenda volver al marxismo, si no buscar un punto medio en el cual no se deje a los mercados actuar sin controles, pero tampoco permitir la locura de que sea el estado el que controle la economía de un país, tal como ocurre en la Cuba Castrista o en la Venezuela populista del  Comandante Chávez y su sucesor. En ese sentido podríamos hacer nuestras las palabras de Aristóteles cuando dijo que la virtud está en el centro de los extremos.

Debido a todo lo que se ha esbozado anteriormente es que podemos afirmar que es menester que se constitucionalicen todos los derechos económicos de un Estado, para que de ese modo los ciudadanos tengan un conocimiento cabal sobre los mismos, y para que en caso de que un particular, o incluso el mismo Estado quiera conculcar algunos de esos derechos, se puedan activar los mecanismos de protección a los derechos fundamentales que establece la propia Constitución Dominicana.

 

[1] El subrayado es nuestro.

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